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Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en los parlamentos, por María Dolores Llop Ribalta

María Dolores Llop Ribalta es interventora y Jefa del Servicio de Asuntos Económicos de las Cortes de Aragón

En el debate general acerca de la importancia de la transparencia en la actuación de los poderes públicos como garantía de calidad democrática, suscitado a raíz de la tramitación del Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, la transparencia en los parlamentos quedó un tanto marginada. Pero si la transparencia y el acceso a la información de toda acción política constituyen un elemento fundamental para determinar la calidad de una democracia, ¿cómo no va a ser importante la transparencia en la institución central de una democracia que es el parlamento? Esta cuestión adquiere especial relevancia en un momento en que se están cuestionando todas las instituciones democráticas, siendo el parlamento una de las instituciones más cuestionada y peor valorada.

La erosión de la legitimidad de los parlamentos ha sido estudiada ampliamente en el primer informe parlamentario mundial, que se presentó el pasado año 2012, encargado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Interparlamentaria (UIP). En este informe se identifican tres tendencias que contribuirían a la erosión de las fuentes tradicionales de legitimidad de la sede legislativa: la primera sería la capacidad real de los parlamentos de cumplir una de sus funciones fundamentales, la de controlar a los gobiernos. La segunda tendencia sería el descenso de confianza hacia los partidos políticos, y la tercera, la aparición de nuevas vías de representación.

La existencia de normativa que regule la obligación de transparencia de los parlamentos, aunque su alcance sea limitado, ayuda a fomentar esa cultura de transparencia en aquellos países, como España, donde existe una fuerte tradición en la opacidad de lo público. Además, introduce una nueva forma de relacionarse de los parlamentos con los ciudadanos. Pero la transparencia debe suponer también un compromiso con la ética pública.

Entre los mecanismos que permiten regular el comportamiento de los legisladores y que intentan reconstruir la confianza en el Parlamento estaría el establecimiento de un régimen ético integral que garantizase una conducta apropiada a través de los denominados “códigos de conducta”.

Pero debemos tener claro que cuando nos estamos refiriendo a los códigos de ética y de conducta, no estamos frente a un problema de naturaleza legal sino cultural y, por lo tanto, no es suficiente elaborar unos códigos que incentiven los comportamientos íntegros y penalicen los deshonestos. Lo fundamental es establecer una cultura ética abriendo un debate en la sociedad que reconstruya el pacto moral entre los ciudadanos y sus representantes, para que los valores regresen a la vida pública. La quiebra de ese pacto de confianza es la causa fundamental de la desafección de los ciudadanos hacia los políticos y la política. Ese debate debe hacerse en cada país teniendo en cuenta su estructura política, su diseño institucional y sus tradiciones culturales, y, además, debe de ser capaz de irse adaptando a las rápidas transformaciones sociales que introducen nuevos sistemas de valores, aunque en general no se diferenciarán de los principios y valores básicos de una ética pública democrática.

¿Debe ser el Parlamento la institución que lidere la regeneración ética que necesita la vida política? ¿Cuál debe ser el papel que se le atribuya en esa regeneración? ¿Cómo puede mantener el parlamento su papel en las democracias representativas y establecer al mismo tiempo unos mecanismos de participación más activa de los ciudadanos?

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Sobre la legalidad y legitimidad de la consulta al pueblo catalán, por Montserrat Tudela i Penya

Montserrat Tudela i Penya es directora de la revista Auriga

La distinción entre “legalidad” y “legitimidad” es una diferencia esencial en democracia.

El principio de legalidad es un principio conforme al cual todo ejercicio de poder tiene que sostenerse en normas jurídicas. En cambio, el principio de legitimidad, en política, es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de utilizar la violencia, e implica, necesariamente, la existencia de un consenso suficiente en la asunción de la autoridad, para que sea aceptada sin violencia. Mientras que la legalidad forma parte del derecho y su fuerza es la ley, la legitimidad forma parte del orden de la política y de la ética pública.

No todas las leyes son legítimas ni toda la legitimidad política está redactada en las leyes.

En democracia, la legitimidad política la generan los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen capacidad de ejercer el poder en nombre del pueblo que representan. Y en el Parlamento de Cataluña hay una mayoría clara para convocar el referéndum, o, incluso, para hacer una declaración unilateral de independencia, tal como ciertos partidos políticos defienden desde el 2009.

Con las leyes españolas en la mano, es difícil considerar legal un referéndum para la autodeterminación. Sobre todo porque la legalidad española –más allá del partido que la gobierne– está basada en una Constitución pactada, diseñada para perpetuar los valores del franquismo y que ha engendrado toda una cultura política basada en estos valores. Los catalanes tenemos la prueba más flagrante de esto en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de autonomía de Cataluña, de 28 de junio de 2010, que decidió que el sufragio universal del pueblo catalán ejercido en el siglo XXI no vale nada. [+ info]

  • 11:59
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Legalidad y legitimidad

Por Eduard Sagarra Trias, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas, abogado y profesor de ESADE

Desde el pasado 11 de septiembre de 2012, todos nosotros, especialmente los medios de comunicación y los representantes políticos, estamos utilizando los términos “legalidad y legitimidad” para defender o justificar nuestra posición ante la nueva realidad y situación de convivencia política y sociológica de nuestro país. Los dos términos sirven para oponerse al planteamiento de los contrarios.

Hay que preguntarse sin muchos dogmatismos si son conceptos muy claros, bien definidos o, al contrario, son poliédricos, con significados diversos. Lo que no es legal, ¿es ilegítimo?

Hay que aceptar de antemano que estamos muy acostumbrados a decir “eso no es justo, no es legal” o, más recientemente, “no es constitucional”. La confusión terminológica y conceptual está servida y hoy difícilmente podemos —desde el ámbito estricto del derecho y de la ciencia jurídica— definir con claridad estos conceptos y hacer que sean comprensibles para todo el mundo. La sociedad de 2013 no quiere teorías sino instrumentos clarificadores para entender qué está pasando y por qué pasa. Y más que cualquier otra cosa, quiere respuestas a qué puede pasar en el futuro.

Hoy, el valor legitimador más relevante del poder político, gobierno o administración es la democracia. Sin democracia no hay legitimidad. Un poder que ejerce legítimamente su mandato suele conciliar los dos conceptos —legitimidad y legalidad—, pero son dos cosas diferentes.

La diferencia o frontera entre lo que es legal o ilegal la marca la ley. La legitimidad, sin embargo, tiene que ver, y se justifica, con la ética o con la moral social de quien manda. Ahora bien, ¿siempre es legítima la ley? ¿Eran legítimas las leyes que dictaron los regímenes totalitarios o las normas emergidas de las dictaduras antes, durante o después de la Segunda Guerra Mundial? [+ info]

  • 10:20
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La participació ciutadana, una necessitat per a consolidar el projecte europeu

Per Joaquim Millan, director d’Eurolocal i secretari general del Consell Català del Moviment Europeu

Durant molts anys, els agents motors del projecte europeu han estat els governs dels diferents estats membres. En aquest període, els conceptes de democràcia i de ciutadania han anat evolucionant, alhora que també ho ha fet la construcció europea.

L’anomenada manca de legitimitat democràtica que han patit i encara pateixen les institucions de la UE, i la manca d’implicació de la ciutadania en el projecte europeu, han creat un creixent interès per donar veu a l’àmbit més proper als ciutadans: el local (en els vessants econòmic, social i civil), i aconseguir així que participi en els diversos dominis de la política europea. Per això, els darrers anys s’han anat incorporant al debat actors provinents del nivell de govern regional i local, els agents socioeconòmics i també la ciutadania (societat civil organitzada).

La Unió Europea ha estat la primera interessada a incorporar aquests altres actors en el procés de construcció europea. Ha elaborat documents, estudis i publicacions que han avalat aquesta estratègia, alhora que s’han facilitat eines, espais, programes, xarxes, etc… per garantir que el projecte es fes realitat.

El document Projecte Europa 2030. Reptes i oportunitats, per exemple, fruit de la reflexió conjunta d’un grup d’experts sobre el futur de la Unió presidit per Felipe González,  i que va ser presentat el 2010 al Consell Europeu, recull tres punts bàsics per a reforçar aquesta estratègia:

1. Prendre seriosament la bona governança: compartir, explicar i complir.

2. Utilitzar les noves eines que ofereix el Tractat de Lisboa (2009): portar la ciutadania política a la pràctica a través de les eines de participació, com ara la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE)

3. Afavorir  l’apropiació i la identificació de la ciutadania amb el concepte europeu: aproximació a la construcció europea de baix cap amunt

Per altra banda, el Tractat de la Unió Europea (art.11) i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (art. 24) estableixen les bases legals de la participació ciutadana, que es pot dur a terme de diferents maneres, encara que el seu màxim exponent es trobi a la ICE, que tot just comença a caminar.

Esperem que tot això ajudi la ciutadana a implicar-s’hi i a participar en aquest projecte. L’any vinent tindrem una bona oportunitat de fer-ho també en el marc de l’Any Europeu 2013 sobre la Ciutadania Europea.